miércoles, 28 de marzo de 2018

DESPUÉS DE UN AÑO: SIN JUSTICIA PARA MIROSLAVA

Por Blanca Estela Rodríguez Chavero
Ciudad de México (Aunam). A un año del asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea en el estado de Chihuahua, el caso sigue en la impunidad; en eso coincidieron los asistentes al conversatorio Un año sin Miroslava, un año sin justicia organizado por el Centro de Investigación y Capacitación, Propuesta Cívica A.C. (CIC Propuesta Cívica).


En el Club de Periodistas de México, representantes de organizaciones por la libertad de expresión como Reporteros Sin Fronteras, la Comisión de Derechos Humanos en el Distrito Federal, (CDHDF), Committee to Protect Journalists (CPJ), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y Patricia Mayorga, periodista de la revista Proceso en Chihuahua, reflexionaron tanto el caso de Miroslava Breach, como el contexto actual del periodismo en México

Para Yunuhen Rangel Medina, relatora de CDHDF, “no solamente es un conversatorio, sino un ejercicio de justicia contra el olvido” de los casos de periodistas silenciados en el ejercicio de su labor.

El director de Reporteros Sin Fronteras en América Latina, Emmanuel Colombié, recalcó la posición de México como el segundo país más mortífero para ejercer la profesión de periodismo y la pérdida de 11 periodistas el año pasado, lo que constituyen “pruebas de las fallas en el acceso de justicia del país”.

La representante de RSF en México, Balbina Flores Martínez, explicó el “desalentador panorama nacional” que vive el periodismo en México; con el 85 por ciento de asesinatos de periodistas sin resolver y el total de desapariciones sin investigar satisfactoriamente.

Los llamados “focos rojos”, dijo, se han expandido a partes del país donde no había violencia al ejercicio periodístico, tal es el caso del estado de Colima. Recalcó también que “se ha instalado la autocensura como una práctica recurrente de supervivencia” en las llamadas “zonas silenciadas” por su alta peligrosidad para la libertad de expresión. Aunado a esto, el desplazamiento de periodistas que comenzó en 2007 en Chihuahua, hoy se genera en otras regiones.

Rodrigo Santiago Juárez, director General del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos de la CNDH, destacó el incremento del número de agresiones en los “focos rojos” centrados en sólo seis estados desde el año 2000, y que representan el 60 por ciento de homicidios: Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Tamaulipas, Chihuahua y Sinaloa.

Junto con la relatora de la CDHDF, enfatizaron la necesidad de una perspectiva de género en temas de libertad de expresión; debido a que las amenazas a mujeres periodistas son diferentes, pues incluyen connotaciones sexuales y de género, así como referentes a la familia.

Jan Albert Hootsen, de CPJ, recalcó que hay una baja en la tendencia de homicidios a periodistas a nivel mundial, con excepción de México, donde al parecer el número va en aumento, a pesar de no encontrarse en situación de guerra.

En mayo del año pasado, la CPJ se reunió con el presidente Enrique Peña Nieto, pero no se han visto frutos en el supuesto compromiso en materia de libertad de expresión que signó el Ejecutivo. Un mes después del encuentro, ocurrió el asesinato del premiado periodista Javier Valdéz Cárdenas.

Patricia Mayorga, ex compañera de Miroslava Breach y que actualmente ya no vive en Chihuahua por seguridad; exhortó a entender al desplazamiento como un signo de guerra, del cual México no quiere ver la realidad.

Habló de como el desplazamiento puede llevar a que las víctimas se culpen de involucrar a sus familias; sin embargo, destacó que también a partir del ejercicio periodístico están haciendo un bien. Sobre la muerte de Miroslava, invitó a reflexionar sobre la importancia de defender el trabajo periodístico “no es normal que ellos (los grupos delictivos) estén en la calle y nosotros desplazados”.

La directora de del CIC Propuesta Cívica, Sara Mendiola Landeros, explicó que el principal reto que se tiene es la corrupción institucional; así como la necesidad de la creación de una fiscalía y en general de funcionarios éticos que tomen en cuenta las exigencias de los ciudadanos.

Retomó las dificultades que se han presentado en el caso de la periodista Miroslava. En primera instancia, la negación de la Fiscalía Estatal de dar acceso a la carpeta de investigación a la familia; después, la negación de su carácter de víctima y sus derechos, así como a la asistencia legal.

Por ende, el CIC propuso un amparo para apoyar la investigación, pero la Fiscalía siguió negándose a la resolución y desvinculó como factor político el asesinato; por lo que el caso sigue frente al gobierno local en la impunidad.

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